En México continúa la lucha legal para liberar a las mujeres encarceladas por abortar
Aunque el Tribunal Supremo de México despenalizó el aborto el año pasado, cientos de mujeres siguen encarceladas en virtud de anticuadas leyes estatales contra el aborto, afirman los defensores de los derechos humanos.
Unas 200 mujeres siguen encarceladas en México en virtud de anticuadas leyes estatales contra el aborto a pesar de que la Suprema Corte despenalizó el aborto el año pasado, dijeron defensores.
Algunas de estas mujeres sufrieron abortos espontáneos y nunca se sometieron a un procedimiento de aborto, dijeron los defensores. Sin embargo, siguen siendo castigadas en virtud de muchas leyes estatales que consideran el aborto una forma de homicidio.
Las leyes se aplican incluso a mujeres que no han abortado, pero que sufrieron abortos espontáneos.
El lento proceso legal para liberar a las mujeres que siguen encarceladas logró algunos avances este mes, cuando Aurelia García Cruceño, una mujer indígena de 23 años, salió de prisión después de tres años por sufrir un aborto espontáneo. Pero muchas más mujeres siguen en la cárcel por solicitar un aborto, que ya no es un delito penal.
García Cruceño creció en una comunidad indígena nahua en una de las regiones montañosas más pobres del estado de Guerrero. En 2019, un funcionario del pueblo la violó y se quedó embarazada. Se fue a vivir con unos familiares a la ciudad guerrerense de Iguala, donde la llevaron a un hospital por una hemorragia.
Le hicieron una transfusión de sangre y abortó, tras lo cual se llevó un susto al verse esposada a la cama del hospital. Un agente de policía le dijo que estaba acusada de una forma de homicidio.
Aunque el náhuatl es su lengua materna, la obligaron a firmar documentos legales en español.
“Estaba muy triste, con mucha ansiedad”, cuenta García Cruceño. En la cárcel, practicó español con sus compañeras, quienes, según ella, la animaron.
“Una mujer me dio un consejo que nunca olvidaré. “Aquí tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente”, le dijo la mujer.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que el caso de García Cruceño era ilustrativo de lo que a menudo les ocurre a las mujeres indígenas jóvenes y pobres.
“Hay muchos casos como el de Aurelia”, dijo Reyna Aguilar. En Guerrero, en 2022, hubo 108 mujeres asesinadas y 12 casos de feminicidio -casos de mujeres y niñas asesinadas por su género-.
Guerrero es uno de los 26 estados de México donde aún no se han hecho cambios a los códigos legales estatales tras el fallo de la Suprema Corte en septiembre. El aborto se legalizó por primera vez en la capital, Ciudad de México, en 2007.
Diez de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto, la mayoría de ellos en los últimos tres años. Incluso en algunos de esos 10 estados, como Oaxaca, los activistas por el derecho al aborto afirman que se enfrentan a dificultades persistentes para conseguir que el aborto sea seguro, accesible y financiado por el gobierno.
Incluso mientras avanza la campaña de despenalización, los activistas del derecho al aborto afirmaron que las autoridades gubernamentales están haciendo muy poco para concienciar sobre el acceso al aborto y ayudar a las mujeres con bajos ingresos a costearse el procedimiento. Hace sólo unos días, el Ministerio de Sanidad publicó unas directrices para los abortos en clínicas públicas.
“Es necesario reforzar las instituciones que tienen el mandato legal de defender los derechos de las mujeres”, afirmó Reyna Aguilar.
Una coalición de grupos de derechos humanos ha interpuesto ya amparos constitucionales en cinco de los 32 estados de México, con el fin de que las autoridades identifiquen y actúen ante violaciones estatales similares de la sentencia nacional.
En el caso de García Cruceño, no fue hasta el 20 de diciembre, después de haber pasado tres años en prisión, cuando el tema surgió en la rueda de prensa diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente prometió investigar el caso.
Esa noche, un juez dictaminó que no había pruebas suficientes para mantener detenida a García Cruceño. Fue liberada.
Ahora, dice que le sorprende despertarse en casa y no en una celda.
“Es extraño”, dice García Cruceño. “Todavía no me lo creo cuando me despierto y veo a mi madre”.
García Cruceño ha decidido reanudar sus estudios de secundaria; espera ser maestra algún día. Y espera que su caso ayude a otros reclusos.
“No quiero que nadie pase por lo que yo pasé”, dijo. “Nadie debe permanecer en silencio. Tienen que denunciar lo que les ha ocurrido”.
