ICE tiene una nueva táctica judicial: desestimar los casos de los inmigrantes y luego arrestarlos fuera del tribunal
Incluso algunos solicitantes de asilo legales se enfrentan a la detención y la deportación.
Por: Tim Henderson-MN Reformer
En los tribunales de inmigración de todo el país, los inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente y fueron detenidos y puestos en libertad deben comparecer ante un juez para una audiencia preliminar.
Pero en un nuevo giro, la administración Trump ha comenzado a utilizar una táctica legal inesperada en sus esfuerzos de deportación. En lugar de perseguir un caso de deportación, está convenciendo a los jueces para que desestimen los casos de los inmigrantes —privándoles así de la protección contra el arresto y la detención— y luego los pone bajo custodia.
Esta práctica, que afecta a los inmigrantes liberados en la frontera y a los que se les ha entregado una «notificación de comparecencia» ante el tribunal tanto bajo la administración Trump como bajo la de Biden, a veces lleva a que las personas sean rápidamente deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a través de un proceso llamado «expulsión acelerada».
Muchos de los inmigrantes habían solicitado asilo, tal y como permite la legislación estadounidense. A finales del mes pasado, varios defensores presentaron una demanda en nombre de una docena de inmigrantes detenidos inesperadamente por el ICE, a menudo después de que sus casos fueran desestimados.
Cuando un inmigrante cruza la frontera ilegalmente y es detenido, se le puede entregar una «notificación de comparecencia» (NTA, por sus siglas en inglés), en la que se le ordena comparecer ante un juez de inmigración. Sin embargo, a veces pueden pasar años antes de que se tramite su caso.
Uno de los inmigrantes de la demanda fue detenido en la frontera con México y recibió una citación judicial en 2022 tras huir de Cuba. Su oposición al servicio militar obligatorio y al gobierno comunista de Cuba le llevó a ser detenido allí y, según la demanda, fue violado mientras estaba bajo custodia.
En su primera audiencia en el tribunal de inmigración de Estados Unidos en mayo, su caso fue desestimado sin dar ninguna razón y su abogado estuvo de acuerdo, pensando que la maniobra, relativamente nueva, era un avance positivo.
Pero al salir del tribunal de Miami, el inmigrante fue detenido y enviado al estado de Washington para ser recluido, a miles de kilómetros de su familia y de su esposa, que es ciudadana estadounidense, según la demanda.
«Las consecuencias de estas detenciones en los tribunales y desestimaciones para su expulsión acelerada causan más estragos en la vida de las personas», según una demanda colectiva contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentada en julio por un grupo de defensores de los inmigrantes. El grupo argumentó que esta práctica es ilegal y contraria a la forma tradicional en que se trata a las personas cuando son liberadas en la frontera para acudir a sus citas en los tribunales.
La demanda incluye a 12 inmigrantes: tres de Cuba, tres de Venezuela, dos de Ecuador, dos de Guinea y otros de Liberia y la República de Chechenia. Una portavoz del Departamento de Justicia, Natalie Baldassarre, dijo que el departamento no tenía comentarios sobre la demanda.
La diferencia entre el arresto y la deportación podría ser la presencia de un abogado.
– Muzaffar Chishti, abogado y experto en políticas del Instituto de Políticas Migratorias
Tras un arresto en un tribunal de la ciudad de Nueva York en julio, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró a CBS News que la nueva política «está revirtiendo la política de captura y liberación del presidente Joe Biden, que permitía que millones de extranjeros ilegales sin investigar quedaran en libertad en las calles estadounidenses».
Sin embargo, la administración Trump también ha liberado a inmigrantes que solicitan asilo en la frontera en espera de sus citas en los tribunales, según un informe del 27 de junio del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, una organización que realiza un seguimiento de las estadísticas federales.
Casi 18 000 personas fueron liberadas en la frontera en mayo «incluso después de que los funcionarios de Trump cerraran la frontera, se comprometieran a no permitir la entrada a nadie y a detener inmediatamente a cualquier persona que se encontrara ilegalmente en el país», según el informe.
Otros abogados de inmigración que hablaron con Stateline describieron las vidas desarraigadas causadas por la nueva práctica de arrestar a las personas después de que se presentaran a las audiencias judiciales, pero los abogados se negaron a hablar oficialmente por temor a atraer atención negativa hacia los casos de sus clientes.
Vanessa Dojaquez-Torres, asesora jurídica y de políticas de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, que representa a más de 17 000 abogados de inmigración y no participa en la demanda, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional está argumentando ahora en los tribunales que cualquier persona que sea sorprendida cruzando la frontera debe ser arrestada y detenida, aunque no ocurre así en todos los casos.
«Hay un gran número de personas que acuden a los tribunales y son arrestadas, y también personas detenidas a las que no se les permite salir», dijo Dojaquez-Torres. «Esto les sucede a personas sin antecedentes penales, sin historial migratorio negativo, que incluso pueden tener un patrocinador que dice: «Les daremos alojamiento y comida y nos aseguraremos de que se presenten a sus audiencias judiciales»».
También hay casos de personas arrestadas en los tribunales aunque su caso no haya sido desestimado, dijo Dojaquez-Torres.
Uno de los inmigrantes que figuran en la demanda, un venezolano que afirmó haber sufrido persecución en su país natal por ser homosexual y portador del VIH, fue detenido el 1 de julio tras una audiencia en la ciudad de Nueva York, a pesar de que su caso sigue abierto, según la demanda.
Una mujer nacida en Venezuela, que teme ser perseguida por su orientación sexual y su oposición al Gobierno venezolano, solicitó asilo en el plazo de un año desde su entrada en Estados Unidos en 2022, pero fue detenido en su primera audiencia judicial el 27 de mayo. Ahora se enfrenta a una orden de expulsión acelerada, lo que podría significar una deportación inmediata si pierde las apelaciones. Actualmente se encuentra detenida en Ohio, según la demanda.
Otros casos mencionados en la demanda se refieren a detenciones en tribunales de inmigración de Illinois, Iowa, Minnesota y Nevada.
La mayoría de los inmigrantes mencionados en la demanda fueron detenidos al cruzar ilegalmente la frontera. Sin embargo, dos de ellos se presentaron legalmente en la frontera mediante una cita concertada a través de una aplicación telefónica para solicitantes de asilo, CBP One, diseñada para limitar el número de personas que pueden cruzar la frontera solicitando asilo. (La administración Trump cerró la aplicación en su primer día en el cargo).
En uno de esos casos, un hombre gay de Ecuador, que se enfrentaba a amenazas del Gobierno por sus esfuerzos en defensa de la comunidad LGBTQ+, utilizó la aplicación en enero y compareció ante el tribunal el 4 de junio, según la demanda.
El Gobierno decidió desestimar su caso y fue deportado a Ecuador en menos de un mes, a pesar de que solicitó más tiempo para presentar una solicitud de asilo, según la demanda. Ahora vive escondido.
El gobierno aún no ha respondido a la demanda colectiva, aunque el juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, James Boasberg, dictaminó el 18 de julio que los inmigrantes demandantes podían utilizar seudónimos sin información identificativa, siempre y cuando proporcionaran sus nombres y direcciones reales en documentos sellados y ocultos al público.
Las detenciones en los juzgados pueden suponer un nuevo precedente legal, pero no es probable que aumenten significativamente las deportaciones, como sí lo harían las redadas a gran escala en los lugares de trabajo y los traslados desde las cárceles locales, según Muzaffar Chishti, abogado y experto en políticas del Migration Policy Institute, un centro de estudios de Washington D. C. El objetivo del Gobierno de deportar a un millón de personas al año sigue pareciendo poco probable, afirmó.
Las detenciones disminuyeron en julio con respecto al mes anterior, pero las deportaciones aumentaron, según un informe de TRAC del 2 de agosto, con 56 945 personas detenidas. El número de detenidos aumentará con más fondos federales para la detención, pero sigue siendo poco probable que alcance el nivel necesario para deportar a un millón de personas en un año, dijo Chishti.
La cuestión de las detenciones en los juzgados hace que la representación legal de los inmigrantes sea aún más importante, afirmó Chishti.
«Incluso en estos casos horrendos, si tienes un abogado, él sabrá cómo manejarlo y dirá: «No se le puede expulsar, será objeto de tortura»», afirmó Chishti. «La diferencia entre la detención y la deportación podría ser la presencia de un abogado».
Sin embargo, la perspectiva de ser arrestado y detenido durante un caso que puede durar años podría hacer que los inmigrantes se muestren reacios a acudir a las citas judiciales, lo que a su vez podría exponerlos a una deportación inmediata.
«Si no acudes a una cita judicial, emitirán lo que se conoce como una orden de expulsión en ausencia. Si entras en contacto con el ICE después de eso, lo más probable es que te detengan y te expulsen», dijo Dojaquez-Torres.
