El gobernador Walz anuncia un nuevo cargo para combatir el fraude en los programas de servicios de Minnesota
El gobernador Tim Walz anunció el viernes un nuevo cargo destinado a prevenir el fraude en los programas de servicios sociales gestionados por el estado, tras años de abusos generalizados que han desviado cientos de millones de dólares destinados a ayudar a las poblaciones vulnerables y han creado una crisis de confianza en su administración.
Tim O’Malley, antiguo superintendente de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota bajo el mandato del gobernador republicano Tim Pawlenty, será el nuevo director de Integridad de Programas del estado a partir del próximo mes.
«Es un honor que el gobernador Walz me haya pedido que le ayude a combatir el fraude aquí», declaró O’Malley en una rueda de prensa. «No estoy aquí para servir a ninguna persona en particular, ni a ningún partido político. Estoy aquí para servir a los habitantes de Minnesota».
Añadió que el gobernador le había asegurado en privado que «todos tenemos la libertad y la autonomía para actuar y hacer lo que sea necesario para resolver esto».
Los legisladores republicanos de Minnesota criticaron el nombramiento por considerarlo insuficiente y tardío.
La representante Kristin Robbins, candidata republicana a la gobernación contra Walz y presidenta del comité de prevención del fraude de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado: «El programa de prevención del fraude de Walz debería ser su dimisión».
O’Malley comenzará a desempeñar su nuevo cargo una vez que termine su actual función como juez presidente interino del Tribunal de Audiencias Administrativas.
O’Malley afirmó que no tiene detalles sobre lo que supondrá el trabajo, aunque dijo: «Creo que estamos bien posicionados para abordar esto».
Walz también anunció un nuevo contrato con WayPoint, una empresa con sede en White Bear Lake propiedad de Josiah Lamb, para desarrollar un «conjunto de herramientas» de procedimientos para que las agencias estatales puedan prevenir y abordar mejor el fraude. El contrato asciende actualmente a 200 000 dólares, según ha declarado el superintendente de la Oficina de Detención Criminal, Drew Evans.
O’Malley trabajó en la Oficina de Detención Criminal de Minnesota entre 1989 y 2010. También ha sido miembro del equipo SWAT del FBI y francotirador. En 2014, O’Malley fue contratado por la Arquidiócesis de St. Paul-Minneapolis para supervisar su respuesta a los abusos sexuales por parte del clero.
El fraude en los servicios sociales de Minnesota se ha convertido en un tema político de gran relevancia, que ha llamado la atención del presidente Donald Trump, quien ha utilizado el tema para atacar a la comunidad somalí-estadounidense de Minnesota.
Las autoridades federales ya han acusado a decenas de personas por presuntamente defraudar a un programa de nutrición infantil en tiempos de pandemia, un programa de tratamiento del autismo y los Servicios de Estabilización de la Vivienda. El exfiscal federal interino del distrito de Minnesota, Joe Thompson, estimó que el importe total del fraude en los programas estatales podría superar los 1000 millones de dólares.
Mientras tanto, el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota ha comenzado a abordar el fraude en otros servicios, suspendiendo los pagos de un servicio denominado «Integrated Community Supports» (ICS) a partir de septiembre e implementando un proceso de revisión de pagos anticipados para 14 programas, incluido el ICS, a partir de diciembre.
Integrated Community Supports es un servicio financiado por Medicaid que ayuda a las personas con discapacidades a vivir de forma independiente en la comunidad en lugar de en una institución. En una declaración a finales de noviembre, el DHS confirmó que había 50 retenciones de pago activas que afectaban a 17 proveedores de ICS, citando acusaciones creíbles de fraude.
Un estribillo repetido en la rueda de prensa fue que hay investigaciones activas sobre el fraude en los servicios sociales, lo que, según los funcionarios, limitaba la información que podían discutir abiertamente. Walz también hizo referencia a «un programa de Medicaid» en el que se está produciendo gran parte del fraude, en términos económicos.
Evans dijo que se esperan «nuevos procesos judiciales relacionados con algunos de estos programas de Medicaid».
«La mayor parte de lo que yo consideraría las denuncias y referencias más graves y legítimas que llegan a través de ese portal están absolutamente relacionadas con este programa de Medicaid, lo cual no es ninguna novedad para el estado», añadió Evans.
Ni Evans ni Walz respondieron a las preguntas que aclaraban si se referían a un servicio concreto de Medicaid o a los programas de Medicaid en su conjunto.
La comisionada temporal del DHS, Shireen Gandhi, dijo que la Oficina del Inspector General tiene más de 1300 casos abiertos y ha identificado más de 50 millones de dólares para su recuperación en los últimos 5 años. Afirmó que el inspector general del DHS, James Clark, que no estuvo presente el viernes, le dijo que «las estafas están evolucionando y el DHS debe hacer más para adelantarse a los delincuentes».
«Si te pillan robando a las personas más vulnerables de Minnesota, espero que vayas a la cárcel», afirmó Gandhi.
