La justicia fiscal de Biden

La justicia fiscal de Biden

 

Por José López Zamorano-La Red Hispana

El Oráculo de Omaha, uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Warren Buffet, conmovió a las conciencias del país cuando declaró que su secretaria pagaba más impuestos que él, proporcionalmente hablando.

 

Han pasado casi 10 años de aquella célebre declaración y su contenido continúa siendo sustancialmente verdadero. Los multimillonarios en Estados Unidos no sólo se beneficiaron de los recortes de impuestos de la era Trump, sino que cuentan con una infinidad de mecanismos para reducir su tasa impositiva real.

 

Durante los últimos años, el sector más progresista del partido Demócrata, encarnado en las figuras de Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Ron Wyden, ha buscado corregir esa situación a través de un nuevo esquema fiscal que garantice una mayor carga fiscal Al 1% de los estadounidenses más adinerados.

 

Aunque inicialmente el presidente Biden se distanció de esos planteamientos durante la campaña presidencial del 2020, esta semana develó un inédito plan fiscal para aumentar la carga impositiva del 1% de los estadounidenses más acaudalados, es decir, aquellas personas que tienen ingresos por más de 100 millones de dólares al año.

 

Su propuesta, que está incluida en el proyecto de presupuesto del año fiscal 2003 y que aún requiere ser aprobado por el congreso, es que los multimillonarios pagarían una tasa de renta mínima de 20%, y por primera vez, se gravarían sus “ganancias no realizadas”, es decir, aquellos incrementos de sus ingresos en papel, como acciones y valores que han aumentado de precio, aún cuando no hayan sido convertidos en dinero en efectivo.

 

A diferencia de otras propuestas demócratas, que se basaban en la idea de cobrar más impuestos a la riqueza, algunos expertos creen que la propuesta del presidente tiene más probabilidades de no ser impugnada ni en el Congreso ni en la Corte Suprema debido a que técnicamente no castiga la riqueza, sino que cobra una tasa efectiva mínima por el aumento de ingresos.

 

La clase media por supuesto no tiene nada de qué preocuparse. Ningún estadounidense con ingresos menores a los $400,000 al año pagaría un solo dólar adicional de impuestos, de acuerdo con el plan presidencial.

 

El concepto de una política de distribución de la riqueza es sumamente apetecible para los sectores progresistas del partido demócrata, que son tradicionalmente muy activos en política y cuyo apoyo es crucial para las próximas elecciones legislativas del mes de noviembre, donde los demócratas podrían perder el control de la cámara de representantes y del Senado, tomando en cuenta que la popularidad del presidente se encuentra en uno de los niveles más bajos de su mandato.

 

Más allá si el plan presidencial puede ser aprobado en un año electoral, el tema de la justicia distributiva es una asignatura pendiente inaplazable en Estados Unidos.

 

No sólo se trata de un padecimiento crónico, sino que fue agravado a raíz de la pandemia y afectó desproporcionadamente a los más vulnerables, las minorías étnicas y los pobres, que como siempre pagan los platos rotos por la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo.

 

 

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