Un grupo de detenidos ha presentado una petición para ser liberados de la cárcel del condado de Sherburne. Los funcionarios del condado dicen que están tomando precauciones.
Por JOEY PETERS- sahanjournal.com
Desde que el brote de COVID-19 cambió abruptamente la vida en todo el país y el mundo, los abogados locales de inmigración han estado luchando para averiguar cómo la pandemia está afectando a sus clientes que están detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en las cárceles de Minnesota.
Aunque el ICE no tiene ningún centro de detención propio en Minnesota, contrata a cinco cárceles de condado en el estado para alojar a los detenidos de inmigración, la mayor de las cuales es la cárcel del condado de Sherburne en Elk River.
Abogados como Sarah Brenes, directora del programa de refugiados e inmigrantes de Advocates for Human Rights en Minneapolis, advierten que las cárceles abarrotadas como la de Sherburne son potenciales puntos calientes para que el nuevo coronavirus se propague y se salga de control. “Es sólo cuestión de tiempo antes de que haya un brote allí y todas las precauciones que no están tomando ahora van a salir a la luz”, dijo Brenes.
Esta es una preocupación en todo el país y los abogados, defensores y detenidos han estado dando la alarma. El martes, el ICE anunció que el primer inmigrante detenido en una de sus instalaciones había dado positivo para COVID-19, un ciudadano mexicano de 31 años en la cárcel del condado de Bergen en Hackensack, Nueva Jersey.
Brenes y Hanne Sandison, un abogado y miembro del cuerpo de justicia para inmigrantes de la organización Advocates for Human Rights, dicen que mientras las cárceles del condado han comenzado a imponer restricciones a las visitas públicas para prevenir la propagación del virus, las nuevas reglas han hecho más difícil para los abogados la comunicación con sus clientes. Esto, a pesar de que el Departamento de Justicia federal (DOJ) sigue avanzando con los casos de inmigración, incluso cuando los tribunales de todo el país retrasan las audiencias no relacionadas con la inmigración debido a la pandemia.
La preocupación por las condiciones de la cárcel del condado de Sherburne se cristalizó a principios de esta semana cuando 62 detenidos bajo ICE que se encontraban en la instalación solicitaron una liberación de emergencia y pidieron que se les pusiera en vigilancia en sus casas. La petición de encarcelamiento injusto, informada por primera vez por el Star Tribune, afirma que como detenidos del ICE, los reclusos corren un alto riesgo de infectarse y propagar el virus. Citaron las muertes en prisión relacionadas con el COVID-19 en Europa como justificación para su liberación.
Un funcionario del ICE que habló con el Sahan Journal pero que deseaba permanecer en el anonimato dijo que la agencia no planea liberar a ningún detenido de Minnesota considerado vulnerable a COVID-19 por los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades, por tener antecedentes penales o ser considerados como amenazas a la seguridad pública. El ICE debe responder a la petición de los detenidos antes del 9 de abril.
Dave Unze, un portavoz del condado de Sherburne, dijo que el condado no comenta sobre los litigios pendientes. Pero dijo que el condado ha tomado una serie de medidas para evitar la propagación de COVID-19 a los presos y empleados de la cárcel. Hasta ahora, dijo, no hay casos positivos dentro de la cárcel.
Todos los nuevos reclusos, sean o no inmigrantes, están en cuarentena durante 14 días, dijo Unze. Se les toma la temperatura todos los días y se les pregunta si están experimentando síntomas relacionados con COVID-19. Lo mismo ocurre con los empleados de la cárcel.
La cárcel ha restringido las visitas de vídeo en las instalaciones de miembros del público a los detenidos, aunque todavía pueden chatear por vídeo desde sus casas, dijo Unze. “Hemos duplicado y triplicado cualquier limpieza que ocurra en el centro”, añadió.
Sandison señaló que las videoconferencias no son eficaces para las consultas jurídicas, principalmente porque se limitan a entre 20 y 40 minutos y porque los detenidos las han realizado en una sala pública en presencia de otras personas. Eso hace que las cuestiones de confidencialidad sean difíciles de navegar, dijo.
“Las personas que temen regresar a su país de origen debido a su orientación sexual o a alguna otra razón que pueda abrirlas a la discriminación en la detención son realmente reacias a hablarnos de eso” en público, dijo. Sin embargo, esas conversaciones son “realmente importantes para su caso”.
Los abogados de los Defensores de los Derechos Humanos se acercaron a los funcionarios del ICE sobre la posibilidad de reunirse con sus clientes en el sótano del edificio federal Bishop Henry Whipple en Ft. Snelling, donde se llevan a cabo los procedimientos de la corte de inmigración del Departamento de Justicia. Los oficiales de ICE dijeron que no tenían la capacidad de transportar a los detenidos a Ft. Snelling para reunirse con sus abogados, según Sandison.
“No pueden decir: ‘Tenemos la capacidad de detener, pero no tenemos la capacidad de asegurarnos de que los detenidos tengan acceso a un abogado'”, dijo.
Con el fin de aliviar la avalancha de casos relacionados con la inmigración en la corte federal de Minnesota, el Departamento de Justicia está asignando algunos casos a jueces que normalmente no manejan asuntos relacionados con la detención. El caso presentado por los 62 detenidos de ICE en la cárcel del condado de Sherburne ha sido asignado a la jueza de distrito de EE. UU. Nancy E. Brasel. Hasta ahora, no se han programado audiencias.
