Padre de un detective de la Policía de Minneapolis enfrenta deportación tras Operativo Metro Surge
Roberto Hernández Vargas, de 62 años, no tiene antecedentes penales y permanece detenido en Nuevo México desde hace casi cuatro meses.
Por: Max Nesterak
Roberto Hernández Vargas vivió casi tres décadas en Estados Unidos sin haber tenido contacto con agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
No tiene antecedentes penales. No tenía orden de arresto en su contra ni una orden de deportación. Además, ya había iniciado el trámite para solicitar la residencia permanente con el patrocinio de su hijo, Roberto Hernández Jr., ciudadano estadounidense y detective del Departamento de Policía de Minneapolis.
Pero en enero, durante la Operación Metro Surge, el gobierno de Donald Trump desplegó miles de agentes migratorios en Minnesota. Hernández quedó atrapado en ese operativo cuando conducía hacia su trabajo en un restaurante, el 5 de enero.
Desde entonces, el hombre de 62 años permanece detenido fuera del estado, en un centro de detención de Nuevo México. Viste un uniforme verde y pasa casi todo el día encerrado en una celda, salvo por un breve receso al aire libre.
“No somos criminales. Nadie de los que está detenido aquí conmigo ha cometido un crimen”, declaró Hernández en una entrevista en español desde el centro de detención en Nuevo México. “No sé por qué nos tratan así”.
Aunque el gobierno de Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que sus operativos buscan detener a “lo peor de lo peor”, la mayoría de las cerca de 60,000 personas detenidas por ICE no han recibido condenas penales. Al igual que Hernández, muchos de los recluidos llevan décadas en el país, han desarrollado fuertes lazos comunitarios y han criado hijos y nietos nacidos en EE. UU.
“Mi padre no es lo peor de lo peor”, exclamó Hernández Jr. “Entiendo que hay criminales. Nosotros lidiamos con ellos casi todos los días… y algunas personas sí merecen estar en la cárcel, pero no mi padre”.
Un arresto sin explicación clara
Hernández manejaba rumbo a su trabajo, donde labora como cocinero, en Trail Stop Tavern, ubicado en Eagan, al sur de Saint Paul, cuando fue detenido por ICE. Tres agentes se acercaron a su automóvil.
“¿Inglés o español?”, preguntó uno de ellos.
Hernández respondió que hablaba español. Los agentes le preguntaron si era estadounidense o no, pero él no contestó. Les dijo que no quería decir nada más sin la presencia de un abogado.
Según Hernández, los agentes le pidieron que saliera del vehículo, un Honda Civic blanco registrado a nombre de su hijo. Al principio se negó. No sabía por qué lo habían detenido: no iba a exceso de velocidad, no se había pasado un semáforo en rojo y las luces traseras funcionaban.
Los agentes no mostraron una orden judicial ni parecían saber quién era. El reporte de arresto incluido en documentos judiciales tampoco explica el motivo de la detención.
Entre las posibilidades planteadas en el caso está que los agentes hayan revisado las placas del vehículo y asociado el registro con un apellido hispano, o que lo hayan detenido por su apariencia latina.
El juez federal Eric Tostrud, nombrado por Trump, dijo que las pruebas presentadas eran “convincentes y preocupantes” y apuntaban a que agentes de ICE habían usado criterios raciales para detener a residentes latinos y somalíes durante la Operación Metro Surge. La Corte Suprema, por su parte, avaló el otoño pasado esa práctica en un fallo dividido de 6 votos contra 3, al revocar la decisión de un juez federal que la había declarado inconstitucional.
Autoridades policiales de las Ciudades Gemelas también señalaron que agentes de ICE habían parado a oficiales no blancos y a sus familiares para pedirles que demostraran su ciudadanía.
“Es una situación muy cuestionable. No están deteniendo a familiares de personas noruegas o irlandesas”, dijo el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, al New York Times.
Hernández Jr. dijo que no cree que su padre haya hecho algo que justificara la detención, pero también le cuesta aceptar la posibilidad de que agentes federales lo hayan detenido por su apariencia latina.
“De verdad quisiera creer que lo que hicieron fue legal… No sé”, dijo. “Si yo hiciera una detención así, si perfilara racialmente a alguien… ¿están bromeando? Perdería mi placa”.
Según Hernández, los agentes lo persuadieron para que saliera del automóvil con el argumento de que solo revisarían su historial. Si no había nada en su contra, le dijeron, podría irse.
En vez de dejarlo ir, los agentes lo esposaron. Hernández alcanzó a llamar a la novia de su hijo para avisarle que lo estaban deteniendo; no quiso llamar a su hijo porque estaba trabajando. Uno de los agentes le dijo a ella que lo llevarían al edificio federal Bishop Henry Whipple y que dejarían el Honda Civic sin seguro, con las llaves en el portavasos.
Horas más tarde, Hernández iba rumbo a Texas en un avión, sin haber podido consultar a un abogado.
Lo trasladaron primero a Camp East Montana, en las afueras de El Paso, Texas. El centro opera en terrenos donde durante la Segunda Guerra Mundial funcionó un campamento de reclusión para japoneses estadounidenses. Según su relato, allí le insistieron varias veces para que aceptara salir del país de forma voluntaria. Días después, lo trasladaron al Centro de Detención del Condado Torrance, en Nuevo México.
Le negaron la fianza
Pasaron más de tres semanas antes de que Hernández pudiera hablar con su abogada de inmigración, según documentos judiciales.
Después, las autoridades migratorias tardaron otras dos semanas en presentar el documento formal que daba inicio al proceso de deportación, conocido como aviso de comparecencia.
“Es absolutamente absurdo que la agencia haya detenido a una persona sin orden judicial, sin causa probable, sin ninguna sospecha razonable… y que les haya tomado un mes siquiera decidir qué hacer después”, cuestionó Rachel Engebretson, abogada de inmigración que hace poco asumió el caso de Hernández sin cobrar honorarios.
El documento que dio inicio al proceso migratorio contiene contradicciones e imprecisiones, incluso en el nombre de Hernández. Fue emitido a nombre de José Ignacio Sanudo, su cuñado fallecido, después de que los agentes encontraron una licencia de conducir de Sanudo en la billetera de Hernández.
El reporte del arresto aduce, por un lado, que Hernández no tiene hijos y, por otro, que tiene dos. Lo segundo es correcto. También señala en una parte que fue arrestado el 5 de enero y, en otra, que la detención ocurrió el 7 de enero. Además, dice que no llevaba dinero, aunque Hernández asegura que tenía $462.
El mismo reporte sostiene que los agentes le leyeron sus derechos, que Hernández admitió haber entrado sin autorización a Estados Unidos y que expresó su deseo de salir del país sin una orden de deportación. Pero Hernández niega esas afirmaciones.
De hecho, solicitó salir en libertad bajo fianza, pero un juez de inmigración —una corte que forma parte del Departamento de Justicia— rechazó dos veces esa petición.
El juez Ralph Girvin expuso que era probable que no tuviera jurisdicción para conceder la fianza debido a la decisión del gobierno de Trump de impedir que jueces migratorios otorguen fianza a personas que entraron al país de forma irregular. Hernández, sin embargo, sostiene que ingresó por un puerto de entrada legal y que las autoridades le permitieron pasar.
Girvin también señaló en su fallo que la licencia de conducir de otra persona encontrada en poder de Hernández podía ser un indicio de riesgo de fuga o de peligro para la comunidad, según consta en los registros judiciales. Hernández y Engebretson evitaron hacer más comentarios sobre la licencia debido al proceso legal en curso.
Hernández Jr. asistió a una de las audiencias de fianza con su uniforme para apoyar la liberación de su padre. Según documentos judiciales, el juez le preguntó: “Tú no eres ilegal, ¿verdad?”.
Hace más de dos meses, Engebretson presentó una demanda ante un juez federal para solicitar la liberación de Hernández mientras sigue en curso su caso migratorio. La abogada sostiene que el gobierno violó su derecho al debido proceso al arrestarlo sin orden judicial y, según la querella, sin causa probable. También argumenta que Hernández no representa un peligro para la comunidad ni riesgo de fuga, y que debe estar en libertad para cuidar a su esposa, quien enfrenta problemas de salud.
Hasta ahora, el juez no ha resuelto la solicitud.
Mientras tanto, Hernández asegura que ha perdido más de 15 libras de peso desde que está detenido. Tiene colesterol alto y dice que se ha desmayado dos veces. Según su relato, una infección de garganta sin tratamiento le elevó la presión arterial, pero ha pasado más de un mes desde la última vez que se la revisaron.
“Todo está muy mal. No está bien”, dijo Hernández.
Si hubiera tenido acceso antes a un abogado, es probable que todo esto se hubiera evitado y un juez federal en Minnesota hubiera ordenado su liberación en cuestión de días, algo que podría explicar por qué su solicitud de consultar con un abogado no fue atendida.
Jueces federales en Minnesota y en otros estados han rechazado en varios casos la política de “detención obligatoria” del gobierno de Trump, que impide a ciertos inmigrantes solicitar fianza mientras avanzan sus procesos migratorios, incluso cuando han vivido durante años en Estados Unidos.
En casos similares al de Hernández, distintos jueces han ordenado a ICE liberar a inmigrantes detenidos sin orden judicial y sin indicios claros de que representen un peligro para la comunidad o riesgo de fuga. Las cortes de apelaciones, sin embargo, han emitido fallos divididos sobre esta política, lo que aumenta la posibilidad de que el tema llegue a la Corte Suprema.
Semanas después del arresto de Hernández, la organización Advocates for Human Rights presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). La demanda acusa a la agencia de obstaculizar de forma sistemática el acceso de las personas detenidas a sus abogados.
Según los representantes legales de los detenidos, los traslados eran tan frecuentes y rápidos que incluso el propio gobierno tuvo dificultades para ubicar a las personas bajo su custodia. También denunciaron que funcionarios del DHS les negaban llamadas privadas y les impedían enviar correo postal o electrónico.
La jueza federal Nancy Brasel, también nombrada por Trump, falló a favor de los abogados que presentaron la demanda. En su decisión, señala que las “políticas y prácticas en Whipple” casi anularon el acceso de las personas detenidas a obtener asistencia legal.
En febrero, Brasel emitió una orden de restricción temporal y ordenó al DHS garantizar que los inmigrantes pudieran hablar con un abogado después de ser detenidos y antes de cualquier traslado fuera del estado.
“La Constitución no permite que el gobierno arreste a miles de personas y luego ignore sus derechos constitucionales bajo el argumento de que respetarlos sería demasiado difícil”, escribió Brasel en una de las varias órdenes duras emitidas por jueces federales durante la Operación Metro Surge.
Otra separación familiar
No es la primera vez que esa familia experimenta una separación ocasionada por su estatus migratorio.
La esposa de Hernández tuvo que regresar a México durante 14 años antes de reingresar como residente permanente bajo el patrocinio de su hijo. Durante esos años, Hernández tuvo que trabajar en dos empleos para mantener a la familia.
“Ahora es al revés… Se llevaron a mi papá y yo estoy con mi mamá”, lamentó Hernández Jr., quien teme que su padre sea deportado a México.
La familia tiene parientes allá, pero la zona donde viven es peligrosa, aunado a los bloqueos de calles debido a la presencia de los cárteles.
Su madre, quien padece de diabetes y otros problemas médicos, también depende de Hernández como su principal cuidador. Si él es deportado, tendría que decidir si regresa a México para estar con su esposo después de años de separación, lo que implicaría dejar atrás a sus hijos, nietos y la vida que construyó en Estados Unidos.
“Este es un gran país. Estados Unidos es un gran país que otorga oportunidades”, apuntó Hernández Jr. “Estoy orando y mantengo mi fe en Dios para que saque a mi papá de esta situación”.
