Decenas demandan justicia por presuntos abusos de ICE durante la Operación Metro Surge
Por Madison McVan
En los 10 meses transcurridos desde que el agente de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Jonathan Ross, disparó y mató a Renee Good a través de las ventanillas de su coche en el sur de Minneapolis, no se han presentado cargos penales contra Ross.
Ross violó las normas del departamento y las mejores prácticas policiales al ponerse delante del coche de Good y dispararle mientras el vehículo se movía, con las ruedas giradas hacia atrás de Ross.
Las autoridades locales están investigando el tiroteo, pero el gobierno federal se ha negado a cooperar o a entregar pruebas clave — y mucho menos a presentar sus propios cargos contra Ross. Incluso si los fiscales locales presentan cargos por el asesinato de Good, Ross probablemente lograría trasladar el caso a un tribunal federal. Podría reclamar inmunidad bajo la llamada Cláusula de Supremacía, que protege a los funcionarios federales de procesos penales estatales si están “ejerciendo razonablemente sus funciones”, una expresión con mucho margen de interpretación.
Con los cargos penales contra Ross poco probables de prosperar pronto — si es que se presentan — la familia Good está entre decenas que buscan justicia por los abusos cometidos por agentes de ICE a través del sistema judicial civil.
Sin embargo, no existe ninguna ley federal que permita a los ciudadanos demandar a agentes federales por violaciones constitucionales.
En cambio, la familia Good y otros están presentando reclamaciones bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil, o FTCA, que permite la compensación económica de personas perjudicadas por actos ilícitos o negligentes de empleados federales en el ejercicio de sus funciones. (La familia Good también ha presentado una segunda demanda, poniendo a prueba una teoría legal que sostiene que el comportamiento de los agentes de ICE durante la Operación Metro Surge formaba parte de una conspiración más amplia para privar a las personas de color de sus derechos constitucionales.)
Otras personas que han presentado reclamaciones ante la FTCA incluyen a Patty O’Keefe y Brandon Sigüenza, que fueron rociados con gas pimienta y arrestados mientras seguían y observaban a ICE; Aliya Rahman, que fue arrastrada fuera de su coche mientras conducía hacia una cita médica; Orbin Mauricio Henriquez Serrano, que fue estrangulado y inconsciente durante su arresto en un circuito de St. Paul; y Quentin Williams, empleado del Roosevelt High School en Minneapolis, que fue derribado y arrestado cuando agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron al colegio horas después del asesinato de Good.
“Todos mis clientes quieren cambios. Todos quieren que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, dijo Jessica Gingold, asesora jurídica principal del MacArthur Justice Center en Chicago, que representa a Rahman y Williams. Espera que algún dolor económico disuada al gobierno de continuar con sus tácticas brutales. “Si realmente les resulta caro sacar adelante este sistema porque dondequiera que vayan violan los derechos de la gente, y luego la gente les obliga a pagar por esas violaciones, no puede continuar, ¿verdad?”
Entre los demandantes más destacados en los últimos años: las víctimas de tiroteos masivos en la iglesia de Sutherland Springs, que lograron un acuerdo tras la falta de que la Fuerza Aérea de EE. UU. no informara de una condena por violencia doméstica al registro nacional de verificación de antecedentes, lo que de otro modo podría haber impedido que el tirador comprara armas que usó en la masacre. Las víctimas del abuso sexual de Larry Nassar también llegaron a un acuerdo con el gobierno federal después de que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia emitiera un informe crítico sobre la gestión del caso por parte del FBI.
Sin embargo, la FTCA tiene algunas limitaciones. Los jueces, no los jurados, deciden el resultado de una demanda. El proceso puede ser tedioso: los demandantes deben primero notificar al gobierno federal su intención de presentar una reclamación, y el gobierno dispone de seis meses para responder y resolver el caso antes de que el demandante pueda presentar una demanda. (Los abogados entrevistados por el Reformer no han recibido ofertas de acuerdo y esperan que la mayoría —si no todas— sus reclamaciones continúen en los tribunales una vez pasado el plazo de seis meses.)
Las demandas no nombran a los agentes individuales responsables de los daños, sino que el gobierno de EE. UU. es el único demandado.
La FTCA también limita la cantidad de dinero que se puede pagar: los demandantes solo pueden obtener daños compensatorios, es decir, dinero destinado a cubrir el coste real de los daños, en lugar de daños punitivos, que buscan castigar al demandado. Los pagos tampoco cubren los honorarios de los abogados, y el porcentaje del pago que puede destinarse al abogado está limitado al 25% — menos que la tarifa de mercado para abogados de lesiones personales — lo que significa que muchos abogados se niegan a aceptar estos casos.
La FTCA tampoco permite que las personas demanden por violaciones de sus derechos constitucionales, aunque muchos de los eventos que califican — agresión, lesiones, detención ilegal, arresto ilegal — son esencialmente representaciones de violaciones de la Constitución, dijo Ian Bratlie, exabogado de la ACLU que representa a 18 personas en reclamaciones de la FTCA.
Aunque no hay datos disponibles sobre reclamaciones de la FTCA, está claro que decenas de habitantes de Minnesota las han presentado por el comportamiento de los agentes de ICE. La ACLU retiró una demanda colectiva, Hussen contra Mullin, para poder presentar reclamaciones ante la FTCA en nombre de los demandantes.
“Aunque los daños económicos pueden proporcionar un remedio parcial por daños ilegales infligidos por agentes federales, no pueden devolver el tiempo perdido por detención ilegal y separaciones familiares, ni una vida perdida”, dijo Ben Casper, abogado principal de la ACLU de Minnesota. “Tampoco las acciones de la FTCA resultan en una orden judicial que prohíba al gobierno federal cometer abusos similares en el futuro.”
En una rueda de prensa en la que se anunció la presentación de las dos demandas de la familia Good contra el gobierno federal, Antonio Romanucci, uno de los abogados de la familia, dijo que el Congreso debería aprobar una ley que permitiera a los ciudadanos demandar a funcionarios federales individuales.
“Existe una falta de rendición de cuentas por parte de los agentes federales de la ley que existe en este país ahora mismo, y eso, amigos, es intencionado”, dijo Romanucci.
Gingold y varios otros abogados comprometidos con la justicia social han asumido reclamaciones de la FTCA con la esperanza de que el gobierno federal pague por los abusos cometidos durante las operaciones de ICE en Minnesota, Chicago y otros lugares.
Aunque la FTCA tiene sus límites, siguen ofreciendo oportunidades de rendición de cuentas, según ellos.
“Estás demandando al gobierno de EE.UU., así que no tienes que identificar al agente. No necesitas saber su nombre ni de dónde es ni nada por el estilo”, dijo Bratlie. “Esas son en realidad buenas ventajas, especialmente en Metro Surge, donde llevan mascarilla y no tienes ni idea de quiénes eran estas personas.”
Los agentes pueden ser llamados para declaraciones durante el proceso legal, explicó Gingold.
“Así que incluso cuando no demandas, ya sabes, agente Smith, que fue quien te roció el spray de pimienta en la cara, aún puedes hacer que el agente Smith tome juramento en tu demanda, hacerle preguntas y hacer que explique lo que pasó allí”, dijo Gingold.
Bratlie dijo que cree que hay varios habitantes de Minnesota que fueron víctimas de abusos por parte de agentes federales y que podrían optar a una reclamación de la FTCA.
“No tiene que ser un extremo de ‘Oh, me rompieron la cara. Me rompieron la nariz’, cosas así”, dijo Bratlie. “Cualquiera que sea violado — que le echen, que le apunten con un arma en la cara, que le detengan y arresten en Whipple durante dos horas — cualquiera de esas cosas son reclamaciones válidas de la FTCA, y la gente debería buscar abogados y traerlos.”
