¿A quién se castiga más con el impuesto de 5% a las remesas?
Por José López Zamorano-Para La Red Hispana
Sin temor a exagerar, las remesas son vitales en muchos hogares del mundo, en especial en América Latina. Muchas familias dependen de estos fondos para sobrevivir, especialmente en zonas rurales o con altos niveles de desempleo.
Una parte del dinero va para pagar escuelas, obras públicas o gastos médicos. Algunos receptores las usan para iniciar pequeños negocios que generan empleos.
Al reducir la pobreza, disminuye la necesidad de asistencia social gubernamental y se reducen las presiones migratorias.
México recibió sólo el año pasado 65,000 millones de dólares en remesas y en los países de Centroamérica son una parte sustancial de sus ingresos.
Por eso causa cierta sorpresa la propuesta de los republicanos de incluir un impuesto de 5% a las remesas que envían a sus países los extranjeros en los Estados Unidos.
Salvo ciudadanos y residentes legales, todas las personas no autorizadas e incluso aquellas con visas temporales de empleos, serían sujetos a ese impuesto.
Cuando hablo de cierta sorpresa me refiero al hecho que desde antes de ser presidente, Donald Trump propuso incautar las remesas para financiar su muro.
Aunque la idea nunca se materializó, fue resucitada por los republicanos en su “grande y hermosa” iniciativa de reforma fiscal que recortar programas sociales como Medicaid para financiar un “grande y hermoso” recorte de impuestos.
Tiene razón el gobierno mexicano cuando afirma que “la aplicación de este impuesto afectaría de manera desproporcionada a los trabajadores más vulnerables, muchos de los cuales desempeñan funciones esenciales para el buen funcionamiento de la economía estadounidense”.
En su opinión, “grabar las remesas implicaría una forma de doble tributación, ya que los migrantes pagan impuestos en el país donde trabajan”.
De acuerdo con el American Immigration Council, los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados pagaron $89.8 mil millones en impuestos totales en 2023 en Estados Unidos. Esto incluye $33.9 mil millones en impuestos estatales y locales y $55.8 mil millones en impuestos federales.
En otras palabras, millones de indocumentados contribuyen sin recibir muchos de los beneficios públicos a los que tienen acceso los ciudadanos y residentes legales.
Y el gravamen crea interrogantes ¿Cómo identificaría el gobierno a los remitentes indocumentados sin violar las leyes de privacidad financiera o sin caer en prácticas discriminatorias?
Las remesas no son un lujo, son un salvavidas. Gravarlas no solo es una mala idea, sino también una distracción de las verdaderas soluciones.
En lugar de castigar a los trabajadores indocumentados, el Congreso debería enfocarse en integrarlos a la economía formal, regularizar su estatus cuanto antes posible, y tratar a todos los trabajadores con la dignidad que se merecen y que se han ganado a pulso.
