La EPA y los legisladores estatales podrían considerar la regulación de las píldoras abortivas como contaminantes en 2026
Por: Sofia Resnick-MN Reformer
Al entrar en el cuarto año sin protecciones federales al derecho al aborto, los grupos que ayudaron a revocar la sentencia Roe contra Wade se centran ahora en impedir el acceso a las píldoras abortivas. A medida que se desarrollan múltiples demandas sobre el fármaco abortivo mifepristona, se espera que las propuestas estatales y federales para regular y restringir el aborto con medicamentos continúen en 2026. Los detractores del aborto argumentan que el aborto con medicamentos, a pesar de su sólido historial de seguridad, es peligroso para las pacientes y el medio ambiente.
Las prohibiciones del aborto son en gran medida impopulares, pero de cara a un año de elecciones intermedias, algunos legisladores de estados con prohibiciones estrictas del aborto ya han presentado proyectos de ley para añadir nuevas restricciones. A continuación, repasamos las primeras tendencias legislativas que se perfilan en los proyectos de ley relacionados con el aborto presentados o prepresentados recientemente antes del nuevo año.
Propuestas para restringir la píldora abortiva o estudiar los efectos medioambientales
En los últimos años, el grupo nacional antiabortista Students for Life of America ha difundido afirmaciones infundadas de que la mifepristona contamina las vías fluviales y el agua potable de Estados Unidos, ha redactado un proyecto de ley modelo para regular la eliminación de los abortos con medicamentos y ha solicitado estudios medioambientales a nivel federal y estatal.
En 2025, los legisladores de al menos siete estados presentaron proyectos de ley para crear restricciones medioambientales para el fármaco abortivo mifepristona u ordenar estudios medioambientales. Los proyectos de ley presentados este año en Texas, Wisconsin y Wyoming habrían exigido la realización de pruebas en los sistemas de agua comunitarios para detectar trazas de mifepristona.
Los proyectos de ley de Maine, Montana, Pensilvania, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming habrían exigido a los proveedores que proporcionaran a las pacientes kits de residuos médicos para recoger y devolver el tejido tras un aborto con medicamentos. Las mujeres suelen tirar por el inodoro los tejidos asociados al aborto con medicamentos y a los abortos espontáneos, que suelen producirse durante el primer trimestre.
Estos proyectos de ley, excepto el de Pensilvania, también habrían obligado a dispensar el medicamento y realizar el seguimiento en persona, prohibiendo de hecho el aborto por telemedicina.
Ninguna de estas propuestas fue aprobada, pero es probable que se vuelvan a presentar en 2026, ya que los opositores al aborto siguen presionando para que se regule medioambientalmente el uso de las píldoras abortivas, incluso a nivel federal.
En junio, 25 republicanos del Congreso enviaron una carta a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) preguntando sobre las posibles vías para regular la mifepristona, según informó el New York Times. Y, como informó recientemente Politico, Students For Life presionó a la agencia para que añadiera la mifepristona a su lista recientemente actualizada de contaminantes que las empresas de servicios públicos tendrán que controlar en el agua potable. Es demasiado tarde para incluir un nuevo fármaco en la lista, que se actualiza cada cinco años.
Pero según Politico, el personal de la EPA aconsejó a los activistas antiaborto que aprovecharan el próximo periodo de comentarios públicos para solicitar a la agencia que incluyera los metabolitos activos de la mifepristona. La EPA recopila datos a nivel nacional sobre las sustancias químicas de esta lista, que podrían utilizarse para establecer futuros límites federales.
Proyectos de ley sobre muerte fetal por negligencia
En Florida, donde el aborto está prohibido a partir de las seis semanas de gestación, los legisladores han presentado recientemente el proyecto de ley HB 289, antes de la sesión de 2026, que permitiría a los padres presentar demandas por muerte por negligencia por la pérdida de un feto en desarrollo y reclamar daños y perjuicios por dolor mental y pérdida de manutención. Su proyecto de ley complementario, el SB 164, presentado por tercer año consecutivo por la senadora republicana Erin Grall, se enfrenta a una dura batalla en el Senado de Florida, según informó el Florida Phoenix, que señaló que se podría pedir a los jurados que consideraran el salario que el feto podría haber ganado a lo largo de su vida como parte de los daños y perjuicios a los que podrían tener derecho los padres.
Entre los grupos que se oponen a la legislación por considerarla de gran alcance y susceptible de aumentar la exposición a la responsabilidad civil de los ginecólogos-obstetras especializados en embarazos de alto riesgo se encuentran la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida, el Instituto de Reforma Judicial de Florida y la Doctors Company, la mayor aseguradora de negligencia médica propiedad de médicos del país.
Uno de los principales defensores del proyecto de ley, Andrew Shirvell, fundador y director ejecutivo de Florida Voice for the Unborn, dijo a los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del estado que deberían seguir ampliando «las reparaciones civiles que ofrece la legislación de Florida para responsabilizar a quienes siguen quitando la vida ilegalmente a niños no nacidos en nuestro estado».
Otro proyecto de ley, el HB 663, permitiría a un familiar demandar a alguien por practicar o intentar practicar un aborto hasta dos años después del hecho, con una indemnización de hasta 100 000 dólares, incluso si la mujer dio su consentimiento o si el aborto se realizó en otro estado o país donde el procedimiento es legal.
Intentos de revocar o eludir las medidas electorales sobre el derecho al aborto
Aunque los votantes de Misuri aprobaron en 2024 una enmienda para proteger el derecho al aborto en la constitución del estado, el acceso generalizado no ha vuelto al estado. Entre enero y octubre, solo se realizaron 80 procedimientos de aborto en clínicas de Misuri, según datos del estado, con 79 abortos adicionales en hospitales e identificados como emergencias médicas.
Un juicio en enero podría determinar si las leyes antiaborto de Misuri violan la enmienda aprobada por los votantes. Mientras tanto, los legisladores republicanos han incluido en la votación de 2026 una nueva enmienda constitucional que prohibiría casi todos los abortos en el estado, con excepciones limitadas.
En 2023, los votantes de Ohio aprobaron una enmienda constitucional que protege el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal y prohíbe al estado interferir o penalizar a alguien por ejercer ese derecho. Pero los republicanos han estado promoviendo proyectos de ley contra el aborto para crear restricciones que dificulten el acceso al aborto sin infringir directamente la enmienda.
Durante esta sesión legislativa, que finaliza el 31 de diciembre, el senador estatal Kyle Koehler presentó el proyecto de ley SB 309, que podría añadir pasos para acceder al aborto con medicamentos y obligaría a los médicos a entregar un folleto obligatorio del estado sobre los peligros de la mifepristona. También permitiría a las pacientes, a sus padres si son menores de edad o al padre del feto demandar si consideran que la paciente no fue informada al tomar la píldora.
En noviembre, la Cámara de Representantes de Ohio aprobó el proyecto de ley HB 485, que obligaría a los estudiantes de quinto a duodécimo grado a ver el vídeo sobre el desarrollo fetal «Meet Baby Oliva» (Conoce al bebé Oliva), creado por el grupo nacional antiabortista Live Action, o un vídeo similar. El vídeo de Live Action ha sido criticado por los defensores de la salud reproductiva por no ser totalmente preciso ni exhaustivo desde el punto de vista médico. Este año se han presentado proyectos de ley similares en docenas de estados, y se han promulgado en Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Dakota del Norte y Tennessee.
Privacidad de los registros de abortos
Las preocupaciones sobre la privacidad en torno a la salud reproductiva en la era posterior a Roe persisten a nivel nacional. Los legisladores de los estados que protegen el derecho al aborto siguen tratando de reforzar las protecciones médicas y de privacidad de los datos relacionados con el aborto, que es casi completamente ilegal en más de una docena de estados.
En Indiana, donde la sesión legislativa comenzó en diciembre, la senadora La Keisha Jackson presentó el proyecto de ley SB 109. Según esta medida, el informe de un proveedor de atención médica sobre un aborto presentado al departamento de salud de Indiana como historial médico sería confidencial y no estaría sujeto a divulgación como registro público. En una demanda estatal presentada por dos ginecólogos de Indianápolis, un tribunal de apelación confirmó en diciembre la privacidad de estos registros, conocidos como informes de interrupción del embarazo.
En el estado de Washington, los legisladores demócratas siguen redactando una ley que regularía los lectores de matrículas tras las informaciones de que las autoridades de Texas registraron miles de cámaras, hasta en Washington e Illinois, para encontrar a una mujer que creían que se había autoadministrado un aborto con medicamentos.
Piden vasectomías forzadas para los violadores condenados
Las restricciones estatales al aborto suelen responsabilizar a los proveedores de servicios de salud, pero hay mujeres que han sido encarceladas o procesadas por el resultado de su embarazo. Un legislador demócrata de Alabama, donde el aborto está prohibido durante todo el embarazo excepto para salvar la vida de la persona embarazada, ha presentado una ley que impone duras penas a los hombres condenados por violación o incesto que hayan dado lugar a un embarazo.
El proyecto de ley HB 46, presentado por la representante demócrata Juandalynn Givan, autorizaría el aborto para preservar la salud de la madre o si el embarazo fuera resultado de una violación o incesto. También exigiría a los hombres condenados por violación o incesto que pagaran el aborto y se sometieran a una vasectomía o castración, según lo determinara el tribunal. Según informó Alabama Reflector, es poco probable que el proyecto de ley sea considerado, pero para Givan se trata realmente de iniciar un debate más amplio sobre la autonomía corporal.
«Ya hemos establecido un doble rasero», dijo Givan. «¿Ha visto alguna vez un proyecto de ley que le diga a un hombre lo que no puede hacer con su cuerpo? No, salvo las leyes estándar que se refieren a la violación y el incesto, y ya sabemos que eso es sin duda un delito».
Decisiones políticas federales previstas durante el segundo año de Trump
En su primer año de mandato, el presidente Donald Trump revocó muchas de las políticas de la era Biden destinadas a ampliar el acceso al aborto, incluida la interpretación de la administración anterior de que la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto cubre los abortos necesarios para salvar la vida de una persona embarazada, incluso en un estado que ha prohibido el aborto.
Se prevén más decisiones políticas federales importantes en torno al aborto en 2026. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) acordó revisar la seguridad de la mifepristona, pero los detractores del aborto han pedido recientemente la destitución del comisionado de la FDA, Martin Makary, acusándolo de retrasar la revisión hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Solo unos meses antes, en julio, está previsto que expire una controvertida política de Medicaid que, en la práctica, retira la financiación a las clínicas de Planned Parenthood y otras clínicas sin ánimo de lucro que practican abortos. Queda por ver si los republicanos renovarán la restricción de la financiación o la dejarán caducar, permitiendo que la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país siga prestando servicios a las pacientes de Medicaid para servicios no relacionados con el aborto.
