Los tribunales de inmigración están utilizando una nueva táctica para acelerar las deportaciones
Por: Ximena Bustillo
Los tribunales de inmigración dependientes del Departamento de Justicia están acelerando drásticamente las audiencias de los inmigrantes y agrupándolas con el objetivo de dictar más órdenes de deportación.
Esta nueva táctica sin precedentes fue revelada a NPR por abogados especializados en inmigración y por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, una asociación profesional que analiza las tendencias en estos tribunales.
Ahora se está programando a los inmigrantes para audiencias masivas en el calendario principal —o «mega masters»— que incluyen a 100 o más personas a la vez. Esto supone un aumento respecto a las dos o tres docenas de personas a la vez, lo que solía ser habitual antes para una primera audiencia. Para muchos inmigrantes, esta es su primera comparecencia ante el tribunal para intentar defender su caso y poder quedarse en EE. UU.
Los abogados afirman que estas nuevas audiencias se dirigen en gran medida a personas que no cuentan con la representación de un abogado. Quienes llegan tarde, o no se presentan, están recibiendo órdenes de expulsión, lo que recorta aún más el ya limitado proceso debido al que tienen derecho los inmigrantes.
«La principal preocupación es que, dado que se trata de un grupo de personas sin abogados, es probable que no hayan recibido la notificación adecuada», afirmó Vanessa Dojaquez-Torres, asesora jurídica en AILA, añadiendo que los tribunales a menudo carecen de asientos suficientes para celebrar audiencias con tantas personas a la vez. «Así que es casi como si estuvieran diseñadas para aumentar» el número de personas que reciben órdenes de expulsión automáticamente, señaló.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, el organismo que gestiona los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia, no respondió a una solicitud de comentarios sobre esta nueva estrategia.
Los abogados indicaron que esta práctica se había iniciado en los tribunales de Chicago, Boston y Chelmsford (Massachusetts) y que pronto se pondría en marcha en el Tribunal de Inmigración de Dallas.
Esta iniciativa se produce en un momento en que el presidente Trump pretende deportar a un millón de personas al año, una cifra muy superior a las 600 000 personas que la administración deportó en 2025. Trump también se ha quejado de la acumulación de millones de casos en los tribunales de inmigración, señalando a estos como un obstáculo para la rápida deportación.
Sin aviso, juzgados desbordados
Cuando alguien no se presenta a la vista programada, aunque sea por error, el juez puede emitir una orden de expulsión oficial que permite a los agentes de inmigración detener y deportar a la persona. Esto ha ocurrido con mucha más frecuencia bajo la administración Trump, según reveló un análisis de NPR el año pasado, y cada vez menos personas acuden a los tribunales por miedo a ser detenidas.
Dojaquez-Torres y otros abogados de inmigración que hablaron con NPR temen que los inmigrantes, especialmente aquellos sin abogado, puedan no saber que las fechas de sus audiencias se han adelantado, lo que los deja vulnerables a la deportación.
Añadió que, en algunos casos, el Gobierno envía muy poca o ninguna notificación por correo postal o electrónico a los inmigrantes o a sus abogados, lo que significa que quienes no revisan regularmente sus cuentas en línea podrían perderse cualquier cambio.
Estos «mega-juicios» están formados por personas cuyas audiencias originales estaban previstas para 2027, 2028 o 2029.
«Prevén que la mayoría no se presentará y así podrán decir que han resuelto X número de casos, ya que se dictarán órdenes de expulsión en rebeldía», afirmó un abogado especializado en inmigración con sede en Texas. El abogado habló con NPR bajo condición de anonimato por temor a represalias que pudieran afectar a su capacidad para ejercer en los tribunales de Texas.
El abogado señaló que, si las personas se presentan a las audiencias masivas, esto podría desbordar al personal judicial y a los jueces, y saturar las salas de los tribunales.
En algunos casos, los abogados afirmaron que sus clientes podrían beneficiarse de que los casos se programen antes, aunque esto aumente la presión y genere plazos de presentación de documentos legales repentinos. Sin embargo, la mayoría de las personas que acuden a los tribunales de inmigración no cuentan con un abogado y es poco probable que se beneficien de estas ventajas.
El Departamento de Justicia comienza a contratar personal para asumir los casos
No es la primera vez que la agencia impulsa la agilización de los casos durante el segundo mandato de Trump.
La EOIR también ha tomado medidas para dar prioridad rápidamente a los casos de personas de nacionalidades específicas, entre ellas somalíes, sirios e iraníes. Además, según sus abogados, también se están acelerando los casos de inmigrantes menores de edad.
La estrategia de acoger a los «mega maestros» se produce después de que el Departamento de Justicia anunciara la mayor promoción de nuevos jueces de inmigración de su historia. La semana pasada, el organismo incorporó a 77 jueces y a cinco abogados militares temporales que ejercerán como jueces. El organismo se ha jactado de haber contratado a 153 jueces de inmigración este año fiscal, la cifra más alta registrada en un solo año.
«La Administración Trump se ha comprometido a restablecer un cuerpo de jueces de inmigración dedicado a restaurar el imperio de la ley en el sistema de inmigración de nuestra nación», declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en un comunicado.
Estas rápidas contrataciones se producen después de que la EOIR perdiera aproximadamente una cuarta parte de sus jueces de inmigración el año pasado, con más de 100 de ellos despedidos. E incluso aunque la semana pasada se contratara a más jueces, ese mismo día se despidió a varios más, entre otros en tribunales de Nueva York y California.
Un análisis de NPR del año pasado reveló que los jueces con experiencia en la representación de clientes inmigrantes tenían más probabilidades de ser despedidos en comparación con aquellos que solo tenían experiencia previa trabajando en el Departamento de Seguridad Nacional.
