Trump ordena congelar la financiación de una lista de “ciudades santuario”
Por: Ariana Figueroa-MN Reformer
El presidente Donald Trump firmó el lunes por la noche órdenes ejecutivas dirigidas a las llamadas ciudades santuario amenazando con revocar la financiación federal y la prestación de servicios legales y activos de seguridad nacional a las fuerzas del orden.
Las firmas cayeron en la víspera de los primeros 100 días de Trump de su segundo mandato, durante el cual su administración ha promulgado una represión de la inmigración que ha llevado a enfrentamientos con el poder judicial y las ciudades que no se coordinan con las autoridades federales de inmigración, a menudo conocidas como «ciudades santuario.»
«Sin embargo, algunos funcionarios estatales y locales siguen utilizando su autoridad para violar, obstruir y desafiar la aplicación de las leyes federales de inmigración», según la orden ejecutiva relativa a las ciudades santuario. «Esto es una insurrección sin ley contra la supremacía de la ley Federal y la obligación del Gobierno Federal de defender la soberanía territorial de los Estados Unidos».
La orden ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que elaboren una lista pública de las jurisdicciones locales que limitan la cooperación con los funcionarios de inmigración, pero no detienen la aplicación de las leyes de inmigración.
Las jurisdicciones en la lista serán entonces revisadas por la Oficina de Administración y Presupuesto para «identificar los fondos federales apropiados a las jurisdicciones santuario, incluyendo subvenciones y contratos, para su suspensión o terminación, según corresponda.»
No es la primera vez que la administración Trump apunta a jurisdicciones que no cooperan plenamente con la aplicación de la ley federal de inmigración.
El Departamento de Justicia presentó recientemente una demanda contra la ciudad de Rochester, Nueva York, por sus políticas de inmigración después de que las fuerzas del orden locales no ayudaran a los funcionarios federales de inmigración en un arresto. La administración Trump argumentó que esas ordenanzas en Rochester estaban impidiendo la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El presidente también firmó una orden ejecutiva en enero que amenazaba con retener la financiación federal a los estados y gobiernos locales que se negaran a ayudar en las actividades federales de aplicación de la ley de inmigración. La semana pasada, un juez federal de San Francisco impidió que la administración Trump retuviera fondos federales a 16 de las denominadas ciudades santuario.
Los republicanos también han examinado esas políticas, incluso durante una audiencia de seis horas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que se interrogó a alcaldes de Boston, Chicago y Denver sobre las políticas de inmigración de sus ciudades.
La orden ejecutiva también pretende frenar cualquier beneficio federal que pueda concederse a personas sin estatus legal permanente.
Esa orden ejecutiva ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional «tomar las medidas apropiadas para detener la aplicación de las leyes estatales y locales» que permiten a los estudiantes sin autorización legal recibir la matrícula estatal, lo que incluiría a aquellos con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA.
La semana pasada, funcionarios de la administración celebraron la detención por parte del FBI de un juez de Wisconsin que, según ellos, ayudó a un inmigrante que se encontraba en el país sin autorización legal a escapar de la detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El arresto se produjo tras la tercera aparición de agentes del ICE que pretendían realizar detenciones en el juzgado del condado de Milwaukee, una práctica que algunos expertos creen que dificulta la aplicación de la ley local.
Recursos para hacer cumplir la ley
Una segunda orden ejecutiva que Trump firmó el lunes proporciona recursos legales para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «que injustamente incurran en gastos y responsabilidades por acciones tomadas durante el desempeño de sus funciones oficiales para hacer cumplir la ley».
La orden también dirige la coordinación entre los departamentos de Justicia, Defensa y Seguridad Nacional para «aumentar la provisión de exceso de activos militares y de seguridad nacional en las jurisdicciones locales para ayudar a las fuerzas del orden estatales y locales.»
A primera hora del lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la orden ejecutiva relativa a la aplicación de la ley «reforzará y dará rienda suelta a las fuerzas del orden de Estados Unidos para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes».
