Noem ordenó vuelos de deportación a El Salvador tras la suspensión judicial, según informa el Departamento de Justicia al tribunal
Por: Ariana Figueroa-MN Reformer
El Departamento de Justicia reconoció en un escrito judicial que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la decisión de continuar con las expulsiones de venezolanos a una brutal prisión salvadoreña, a pesar de la orden de un juez federal de detener las deportaciones.
El escrito presentado el martes señalaba que Noem fue asesorada por altos funcionarios del Departamento de Justicia de que no tenía que cumplir con la orden judicial del 15 de marzo de detener las deportaciones, ya que se había emitido después de que los vuelos despegaran. Los ciudadanos venezolanos fueron deportados en virtud de una oscura ley de tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
«Tras recibir ese asesoramiento jurídico, la secretaria Noem ordenó que los detenidos en virtud de la AEA que habían sido expulsados de Estados Unidos antes de la orden judicial pudieran ser transferidos a la custodia de El Salvador», según la presentación del Departamento de Justicia. «Esa decisión era legal y coherente con una interpretación razonable de la orden judicial».
La decisión de Noem envió a 137 hombres venezolanos a una megaprisión durante meses, hasta que el Gobierno venezolano pudo negociar un intercambio de prisioneros con El Salvador y Estados Unidos para que los hombres fueran devueltos.
En una orden de emergencia del 15 de marzo, el juez federal de distrito James Boasberg dijo que los aviones que transportaban a los venezolanos tenían que regresar a Estados Unidos.
No tuvieron la oportunidad de impugnar su expulsión, lo que supuso una violación de sus derechos procesales, según ha argumentado la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) en su demanda contra la Administración Trump.
La presentación del martes supone un cambio en la estrategia legal de la Administración, que inicialmente había argumentado que, dado que la orden de Boasberg era verbal y no escrita, su orden de restricción temporal no tenía ningún peso.
Investigación por desacato
La presentación se produce después de que Boasberg reanudara una investigación por desacato para identificar a los funcionarios de la administración Trump involucrados en la autorización de la expulsión de los venezolanos.
La semana pasada, Boasberg ordenó a la administración que presentara documentos sobre cómo proceder con la investigación por desacato.
«Sin duda, tengo la intención de averiguar qué sucedió ese día», dijo Boasberg la semana pasada.
La presentación del martes argumentaba que no es necesario un procedimiento por desacato y que «el Gobierno sostiene que sus acciones no violaron la orden del Tribunal».
La ACLU, que representa a los hombres deportados, instó en su presentación sobre la cuestión del desacato a Boasberg a solicitar el testimonio de nueve funcionarios actuales y antiguos de los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.
La ACLU también afirmó que el Gobierno debería identificar a «todas las personas involucradas en la decisión… independientemente de si fueron los responsables últimos de la misma o si tuvieron una participación directa en ella, así como a todas aquellas que tuvieran conocimiento del proceso de toma de decisiones».
Una vez identificadas esas personas, Boasberg pudo determinar en qué orden debían recopilarse los testimonios.
