Comentario
La «Operación Metro Surge» puso de manifiesto el coste oculto para la seguridad pública de las medidas de represión contra la inmigración
Lo explican antiguos agentes de policía.
Por: Thaddeus L. Johnson y Diane Goldstein
Mientras Minneapolis evalúa las consecuencias de la Operación Metro Surge, el verdadero coste de la mano dura de las autoridades federales en materia de inmigración está saliendo a la luz. Informes recientes sitúan el coste en cientos de millones de dólares, debido al aumento de las horas extras de la policía, la pérdida de salarios y la disminución de la actividad empresarial.
Pero esas cifras no reflejan las perturbaciones más profundas en la seguridad pública, que son más difíciles de medir y más lentas de reparar.
En enero, las autoridades federales inundaron las Ciudades Gemelas con unos 3.000 agentes de inmigración, lo que desbordó a los aproximadamente 600 agentes del Departamento de Policía de Minneapolis. A medida que se desarrollaba la operación, la vida cotidiana en algunas partes de la ciudad comenzó a desmoronarse. Los estudiantes dejaron de acudir a la escuela. Las clínicas informaron de citas perdidas, incluso entre niños gravemente enfermos. Decenas de miles de residentes se quedaron en casa, lo que provocó un fuerte descenso en el número de clientes y de personal en las empresas.
El coste humano fue aún más grave. Dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes federales durante la redada. En las semanas siguientes, los tribunales federales intervinieron para abordar las deficiencias en el debido proceso de los inmigrantes. Los jueces ordenaron que se facilitara acceso a asistencia letrada a los detenidos en respuesta a claras violaciones. Otro tribunal intervino para garantizar el acceso del clero al interior de los centros de detención.
Este clima de miedo merma directamente la capacidad de la policía para desempeñar su labor. Cuando la gente cree que cualquier contacto con las fuerzas del orden podría acarrear consecuencias en materia de inmigración, las víctimas dudan a la hora de llamar al 911 y los testigos se lo piensan dos veces antes de dar un paso al frente. Las tareas policiales rutinarias asumen nuevos riesgos. Los delitos no se denuncian, los delincuentes quedan impunes y la seguridad pública se ve afectada.
Aunque los funcionarios federales han presentado las agresivas campañas de deportación como un camino directo hacia comunidades más seguras, la experiencia de Minneapolis nos recuerda que la seguridad pública no puede reducirse únicamente al número de detenciones o a la aplicación de la ley.
Como antiguos funcionarios de las fuerzas del orden, sabemos que la seguridad pública depende de un ecosistema más complejo. Las fuerzas del orden desempeñan un papel fundamental, pero nuestra eficacia depende de la confianza y la legitimidad del público. La seguridad también se basa en el funcionamiento estable de las escuelas, los hospitales, los tribunales y otras instituciones y servicios esenciales. Las perturbaciones en cualquiera de estos componentes pueden tener consecuencias de gran alcance, debilitando las mismas estructuras que mantienen la seguridad de las comunidades.
A la luz de esto, no es de extrañar que los líderes locales de otros lugares estén tratando ahora de hacer frente a las incursiones federales. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson ha ordenado a la policía que documente e investigue posibles conductas ilegales por parte de agentes federales. El alcalde de Denver, Mike Johnston, ha tomado medidas para limitar la actividad federal en propiedades de la ciudad y proteger a los manifestantes pacíficos.
Estas reacciones reflejan una frustración comprensible. Sin embargo, se trata de soluciones imperfectas que corren el riesgo de suponer una carga adicional para los sistemas de seguridad pública. La policía local no supervisa a los agentes federales, ni está capacitada ni equipada para hacerlo. Cada agente que se ve obligado a gestionar operaciones federales es un agente menos que pueda responder a llamadas, investigar delitos o mantener el orden.
La amarga ironía es que las colaboraciones entre el gobierno federal y las autoridades locales, cuando se llevan a cabo correctamente, pueden reforzar la seguridad pública. Las iniciativas conjuntas dirigidas contra los delincuentes violentos y las redes criminales combinan los recursos federales con el conocimiento y la confianza locales. Pero esa cooperación depende de la claridad, la moderación y el respeto mutuo, pilares fundamentales de cualquier estrategia eficaz de aplicación de la ley.
Aunque la oleada de detenciones de inmigrantes pueda haber terminado en Minneapolis, no deben ignorarse las lecciones aprendidas. Cada vez está más claro que un enfoque de la aplicación de la ley federal en materia de inmigración basado en una fuerza abrumadora y una coordinación mínima no es sostenible. Las consecuencias son tangibles: debilitan la respuesta ante emergencias, sobrecargan la labor policial cotidiana y erosionan el tejido social y las conexiones que son esenciales para la seguridad pública.
Existe un enfoque mejor, y comienza con medidas de protección aplicables. Las autoridades federales deben coordinarse con los líderes locales antes de llevar a cabo operaciones de gran envergadura, incluso en jurisdicciones que se oponen a su misión. Eso implica una comunicación clara, zonas de concentración designadas, estructuras de mando definidas y protocolos para gestionar incidentes críticos.
Las agencias de inmigración también deberían adoptar normas básicas de transparencia y rendición de cuentas. Los agentes federales que actúen en público deberían ser claramente identificables, el uso de cámaras corporales debería ser la norma, y los investigadores independientes deben tener acceso a las pruebas tras cualquier incidente grave de uso de la fuerza.
Como mínimo, las autoridades federales deben respetar las instituciones que sustentan la vida comunitaria. Los hospitales, las escuelas, los juzgados y los lugares de culto deben seguir siendo accesibles. Las personas no deberían tener que sopesar el riesgo de las medidas de control de inmigración antes de buscar atención médica, asistir a la escuela, practicar su fe o denunciar un delito. Imponer ese cálculo en las actividades cotidianas es contrario a la seguridad pública.
Minneapolis ha servido de clara advertencia. La seguridad pública no puede construirse únicamente mediante la fuerza. Debe sustentarse en la confianza, la estabilidad y la cooperación. Las políticas que socavan esos cimientos no hacen que las comunidades sean más seguras. Las hacen más vulnerables.
