Inmigrantes, agentes del DHS y controles de tráfico: se repiten los incidentes violentos en todo EE. UU.
Por: Ariana Figueroa
El 13 de julio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) mataron en Maine a Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, ciudadano colombiano con permiso de trabajo legal, lo que lo convierte en la vigésima segunda persona a la que agentes federales de inmigración han disparado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Casi todos esos 22 incidentes —19, concretamente— se produjeron cuando agentes del Departamento de Seguridad Nacional dispararon contra personas que se encontraban en sus vehículos durante controles de tráfico, un nexo crucial, según un análisis de States Newsroom de noticias y documentos. Los incidentes tuvieron lugar en todo el país, desde Colorado hasta Texas, pasando por Oregón y Nueva Jersey.
Desde la toma de posesión de Trump en enero de 2025, en la que prometió llevar a cabo una agresiva campaña de represión migratoria, los agentes federales de inmigración han matado a seis personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses. Cuatro de estas muertes se produjeron durante controles de tráfico.
Tras la muerte de Guerrero, el segundo inmigrante asesinado por agentes del ICE durante un control de tráfico en una semana, el DHS suspendió temporalmente los controles de tráfico. Pero Trump ordenó rápidamente al departamento que abandonara esos planes.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el jueves que los agentes llevarán a cabo controles de tráfico «con el fin de continuar con su campaña de deportaciones».
La agencia cuenta con abundantes fondos a su disposición. El año pasado, los republicanos del Congreso utilizaron una maniobra legislativa para asignar aproximadamente 175 000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para la aplicación de la ley de inmigración, la detención y las deportaciones, sin necesidad del apoyo de los demócratas. Los legisladores republicanos repitieron la misma maniobra este año para destinar 75 000 millones de dólares al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta septiembre de 2029.
Tras el tiroteo del ICE en Biddeford, toda la delegación del Congreso de Maine pidió una investigación independiente, y la senadora republicana Susan Collins instó a poner fin a las operaciones de control de vehículos.
Un informe publicado el jueves por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) reveló patrones de conducta indebida por parte de los agentes de inmigración durante el segundo mandato de Trump, identificando 432 incidentes en los que los agentes utilizaron o amenazaron con utilizar la fuerza contra inmigrantes y transeúntes.
El informe analizó más de 1 200 incidentes en ocho estados: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Luisiana, Maryland y Nuevo México.
En cuanto a las actuaciones relacionadas con el tráfico, la ACLU constató que, en 76 casos, se sacó a personas y pasajeros de sus coches; se rompieron las ventanillas en 47 ocasiones; los agentes embistieron vehículos contra los coches de los ciudadanos en 14 ocasiones; y atropellaron a personas con sus coches en seis ocasiones.
Lo que ocurrió después
En los momentos posteriores a esos 22 tiroteos, el DHS acusó rápidamente a quienes habían sido blanco de los disparos de utilizar sus vehículos como armas contra los agentes de inmigración.
Sin embargo, las grabaciones de vídeo independientes han contradicho a menudo esa versión de los hechos.
En al menos cinco casos presentados por el DHS, los cargos fueron desestimados después de que el departamento acusara a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes a los que agentes federales habían disparado de ser los agresores.
En agosto de 2025, Francisco Longoria, ciudadano mexicano, conducía su vehículo en San Bernardino (California) cuando agentes federales de inmigración en coches camuflados intentaron darle el alto. Él huyó y los agentes le dispararon.
El Departamento de Justicia lo acusó de intentar causar daño a los agentes, pero los fiscales no pudieron defender las acciones del DHS y los cargos fueron desestimados. Longoria no resultó herido.
Marimar Martínez fue tildada de «terrorista nacional» por el DHS y procesada después de que agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararan cinco veces en su coche en octubre de 2025, durante la agresiva campaña de deportaciones de la administración Trump en Chicago. El Departamento de Justicia retiró los cargos contra Martínez, ciudadana estadounidense, después de que la administración Trump la acusara de utilizar su coche como arma.
Cuando el presidente ordenó inicialmente a los agentes de inmigración que se dirigieran a la capital del país, Phillip M. Brown, ciudadano estadounidense, fue detenido por las fuerzas del orden, entre las que se encontraba un agente de inmigración que disparó contra su vehículo. Durante el tiroteo de octubre de 2025, Brown no resultó herido, pero fue acusado de huir de las fuerzas del orden. La Fiscalía Federal se negó a procesar el caso.
Durante la agresiva campaña de deportaciones llevada a cabo por la Administración Trump en Minneapolis en enero, que se saldó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, un inmigrante venezolano, Julio César Sosa-Celis, recibió un disparo de un agente federal mientras se encontraba en su domicilio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a César Sosa-Celis de golpear a un agente de inmigración con el mango de una escoba, pero César Sosa-Celis lo negó y las imágenes de las cámaras de vigilancia contradijeron la versión del Gobierno federal.
El agente de inmigración que disparó a César Sosa-Celis fue procesado por las autoridades locales de Minnesota y detenido en mayo por denuncia falsa de un delito y por agresión.
En Houston, el 7 de julio, agentes del ICE mataron a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, alegando que intentó atropellar a los agentes, tal y como ha ocurrido en otros incidentes.
Salgado Araujo llevaba a varias personas al trabajo esa mañana cuando los agentes de inmigración se acercaron a su furgoneta. Según ha declarado el DHS, no se le consideraba una persona de interés.
El FBI ha solicitado una orden de registro para incautar bolsas de plástico con «sustancias cristalinas», con el fin de analizar si se trata de metanfetamina, según el Texas Tribune. Uno de los abogados que representa al hermano de Salgado Araujo, que se encontraba en la furgoneta durante el tiroteo, afirmó que se trataba de sal granulada.
Un comienzo de año sombrío
El mes en el que más personas recibieron disparos de agentes federales de inmigración fue enero. Tres de las cinco personas a las que dispararon agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza se encontraban en Minnesota, y dos de ellas fallecieron.
Las dos muertes se produjeron en Minneapolis, donde la administración Trump llevó a cabo una agresiva campaña de deportaciones dirigida contra la ciudad, que cuenta con una elevada población de refugiados somalíes.
Ese mes, agentes federales de inmigración dispararon y mataron a Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, e hirieron de bala a César Sosa-Celis.
Good fue asesinada mientras se encontraba en su vehículo, tras lo cual la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, la tildó de «terrorista nacional». El DHS acusó a Good de utilizar su todoterreno como arma, pero las grabaciones de vídeo independientes no respaldaron esa acusación.
Una semana más tarde, agentes federales de inmigración dispararon y mataron a Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos, que estaba grabando a los agentes con su teléfono y ayudando a una mujer a la que estos habían empujado al suelo. Noem volvió a calificarlo de «terrorista interno» y afirmó que estaba atacando a los agentes, pero múltiples vídeos grabados desde diferentes ángulos no muestran tal cosa.
