La ‘flagrante’ negativa de Trump a cumplir en un caso de deportación muestra las crecientes desavenencias con los jueces
Por: Ariana Figueroa-MN Reformer
Una jueza federal de Maryland fustigó este viernes a la administración Trump por su «flagrante falta de esfuerzo para cumplir» con su orden de principios de mes de informar sobre los pasos dados para facilitar el regreso de un segundo hombre deportado erróneamente a una notoria megacárcel en El Salvador.
«La respuesta extemporánea de los demandados es el equivalente funcional de: ‘No hemos hecho nada y no tenemos la intención de hacerlo’», escribió en su orden la jueza de distrito Stephanie Gallagher, a quien el presidente Donald Trump nombró en 2018, criticando la falta de respuesta del Departamento de Seguridad Nacional.
«Decirle a este Tribunal que ‘[e]l DHS entiende que Cristian está bajo la custodia de El Salvador’, no agrega nada al registro subyacente y simplemente refleja la falta de cualquier esfuerzo para obtener o proporcionar información sobre la ‘ubicación física actual de Cristian y su estado de custodia’», escribió.
La orden del viernes de Gallagher es el último comentario mordaz de los jueces federales que han encontrado que la administración Trump violó sus medidas cautelares u órdenes de restricción, o han invocado ampliamente los privilegios ejecutivos para obstaculizar la información en casos de inmigración.
Gallagher, al igual que otros jueces federales que se han encontrado en el punto de mira por bloquear políticas relacionadas con la inmigración, planteó su preocupación por el hecho de que la administración Trump eluda los derechos del debido proceso y se demore en rectificar los errores de deportación mientras el gobierno continúa su agresiva campaña de deportaciones masivas.
Los funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el propio presidente Donald Trump han seguido reclamando una amplia autoridad para llevar a cabo expulsiones de inmigrantes. Han arremetido contra los jueces, tachándolos de «activistas» y acusándolos de bloquear la agenda de la administración Trump.
«Es muy importante que seamos capaces de sacar a estas personas rápidamente», dijo Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval el viernes. «Tenemos jueces que no quieren que eso ocurra. Es algo terrible».
Violación de las protecciones de expulsión
Dos casos de hombres a los que la administración envió a El Salvador a pesar de las órdenes judiciales que bloqueaban sus expulsiones se derivaron del primer caso importante de la administración aparentemente desatendiendo una orden judicial: una orden de restricción temporal del juez de distrito de Estados Unidos James E. Boasberg para no expulsar a los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
A pesar de la orden de restricción temporal de Boasberg de mediados de marzo, tres aviones aterrizaron en El Salvador horas después y unos 300 hombres fueron enviados a la megaprisión salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.
Kilmar Abrego García, residente en Maryland, y un joven de 20 años al que se hace referencia en los documentos judiciales solo con el seudónimo de Cristian, cuyo caso está llevando Gallagher, estaban entre ellos.
Abrego García tenía, desde 2019, una orden judicial que le protegía de la deportación a su país de origen, El Salvador, porque a un juez de inmigración le preocupaba que se enfrentara a la violencia de las bandas si regresaba.
Cristian, que llegó a Estados Unidos como menor no acompañado, formaba parte de una demanda colectiva que prohibía su expulsión de Estados Unidos mientras su caso de asilo estaba pendiente en el tribunal de inmigración.
En ambos casos, la administración ha dicho que es impotente para obligar al gobierno salvadoreño a liberarlos, un argumento con el que Gallagher expresó su frustración el viernes.
«Los demandados se limitaron a reiterar sus trillados argumentos sobre sus razones para expulsar a Cristian y no proporcionaron ninguna de la información que el Tribunal requería», escribió Gallagher.
Estados Unidos está pagando a El Salvador hasta 15 millones de dólares por detener a los inmigrantes expulsados.
«Como nativo de Venezuela, se encuentra en El Salvador sólo porque Estados Unidos lo envió allí en virtud de un acuerdo aparentemente alcanzado con el gobierno de El Salvador», escribió Gallagher.
Los jueces ven un patrón de desafío
En el caso de alto perfil de Abrego García, la jueza de distrito Paula Xinis, también en Maryland, dijo que «no se ha hecho nada» por parte de la administración Trump para facilitar el regreso de Abrego García. Funcionarios de la administración han admitido que fue deportado por error al CECOT.
Xinis negó recientemente la solicitud del Departamento de Justicia de 30 días adicionales para presentar documentos sobre sus esfuerzos para devolver a Abrego García.
Él permanece en una prisión de nivel inferior en El Salvador, a pesar de una orden de la Corte Suprema de abril que ordenó a la administración Trump facilitar su regreso a los Estados Unidos.
Un juez de Massachusetts determinó que la administración Trump violó su medida cautelar que prohíbe las expulsiones de migrantes a terceros países sin el debido proceso después de que ocho hombres fueron deportados a Sudán del Sur y se les dio menos de 24 horas para impugnar su expulsión a un condado en la cúspide de otra guerra civil.
Boasberg, que se sienta en un tribunal federal en el Distrito de Columbia, encontró causa probable para mantener a los funcionarios de Trump en desacato por violar su orden de restricción temporal que ordenó que los aviones de deportación que llevaban a los hombres expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros fueran devueltos a los Estados Unidos por preocupaciones de que no recibieron el debido proceso.
La administración Trump ha impugnado todas esas decisiones por la vía de urgencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Un juez de Boston dirige la política exterior
Altas personalidades de la administración han argumentado que son los jueces los que se han extralimitado, invadiendo el papel del poder ejecutivo en el establecimiento de la política exterior.
El viernes, en el Despacho Oval, Trump señaló al juez de distrito Brian E. Murphy, que supervisa el caso en Massachusetts.
«No se puede tener a un juez en Boston dirigiendo la política exterior en lugares de todo el país porque tiene una inclinación liberal o es una persona de izquierda radical», dijo Trump.
Murphy fue nombrado por el expresidente Joe Biden.
Ese caso, que se centra en la expulsión de migrantes a un país del que no son ciudadanos, podría desempeñar un papel destacado en la batalla legal sobre el enfoque de la administración a la inmigración después de que las decisiones de la Corte Suprema este mes hayan permitido a la administración Trump poner fin a dos programas legales temporales y exponer a más de 800,000 inmigrantes a la deportación potencial.
Muchos de los que perdieron protecciones proceden de países que se consideran demasiado peligrosos para el retorno.
Sacarlos rápidamente
La administración Trump ha afirmado públicamente que Ábrego García no regresará y le ha acusado, sin presentar pruebas, de ser un líder de la banda MS-13.
El presidente también ha reconocido que, si quisiera, podría conseguir el regreso de Ábrego García desde El Salvador. Pero Trump dijo que no lo haría, alegando que Ábrego García tiene vínculos con las bandas.
El presidente publicó fotos en las redes sociales de Boasberg, que presionaba a los abogados del Departamento de Justicia para obtener respuestas sobre si su orden había sido violada deliberadamente. Ello provocó una inusitada respuesta del Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien subrayó la importancia de un poder judicial independiente.
Mientras que el Tribunal Supremo finalmente levantó la medida cautelar de Boasberg en todo el país sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, los jueces federales en Colorado y partes de Nueva York y Texas han bloqueado el uso de la ley en tiempo de guerra dentro de sus distritos, citando preocupaciones sobre el debido proceso.
Altos funcionarios de Trump, como el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, han planteado suspender el habeas corpus, que permite a las personas que creen que están siendo detenidas ilegalmente solicitar su liberación ante los tribunales.
Los recursos de hábeas corpus son actualmente la única vía que tienen los venezolanos sujetos a la Ley de Extranjeros Enemigos para impugnar su deportación en virtud de la ley de tiempos de guerra.
«No podemos mantenerlos durante años aquí mientras se someten a juicio», dijo Trump el viernes sobre las deportaciones rápidas. «Tenemos que sacarlos rápidamente».
Abrego García y Cristian
En una orden de abril, Gallagher escribió que el caso de Cristian es similar al de Abrego García y que «al igual que el juez Xinis en el asunto de Abrego García, este tribunal ordenará a los Demandados que faciliten el regreso de Cristian a los Estados Unidos para que pueda recibir el proceso al que tenía derecho en virtud del Acuerdo de Solución vinculante de las partes.»
En esa orden, Gallagher dijo que el gobierno federal debe demostrar «una solicitud de buena fe al gobierno de El Salvador para liberar a Cristian a la custodia de los EE.UU. para su transporte de regreso a los Estados Unidos a la espera de la adjudicación de su solicitud de asilo sobre el fondo por (la Ciudadanía de EE.UU. y Servicios de Inmigración)».
El 6 de mayo, ratificó su decisión de que la administración Trump debe facilitar el regreso de Cristian, pero puso su propia orden en pausa para permitir que los abogados del Departamento de Justicia apelaran ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos.
El tribunal de apelaciones rechazó la petición de la administración Trump de poner en pausa su orden.
Gallagher dijo el viernes que daría a los funcionarios de la administración Trump hasta el lunes para «remediar su incumplimiento.»
